El pedido de juicio político que impulsa el presidente Alberto Fernández contra los ministros de la Corte Suprema corre el riesgo de naufragar en el Congreso por falta de apoyo en ambas cámaras. Hasta el momento, según difundió la Presidencia a través de un comunicado, sólo doce de los 24 gobernadores respaldaron al mandatario.
Fernández había adelantado el 1 de enero la intención de impulsar el juicio político al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, por “mal desempeño en sus funciones”. El mismo proceso pidió contra el resto de los integrantes del máximo tribunal –Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti– por “algunos hechos con distintos grados de responsabilidad”.
El rol del Congreso, el principal escollo del oficialismo
El mandatario solicitó al bloque de diputados del oficialista Frente de Todos (FdT) “que apoye e impulse el proyecto correspondiente para que se inicie, lo antes posible, el proceso institucional” en el Congreso para que se active el mecanismo de destitución de los magistrados de la Corte.
Pero el juicio político requiere de la intervención de la Cámara de Diputados y de Senadores con mayorías especiales de dos tercios de sus miembros, con las que no cuentan ni el oficialismo ni la oposición, que rechazó la iniciativa del Ejecutivo. No obstante, la comisión de Juicio Político de Diputados puede iniciar el debate y una investigación.
Según pudo reconstruir Gente, la mitad de los gobernadores, en principio, no apoyarían la iniciativa del Ejecutivo, algo que influiría en el tratamiento de la iniciativa en el Congreso.
Un nuevo capítulo de la tensión entre el Ejecutivo y la Corte
Un reciente fallo de la Corte Suprema obligó al Poder Ejecutivo a restituir fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un valor del 2,95 % de la denominada coparticipación federal, frente al 2,32 actual, fue la última chispa que prendió la inflamable relación entre la Casa Rosada y el Palacio de Tribunales de la calle Talcahuano.
Primero Fernández dijo que no acataría el fallo, pero después se retractó y anunció que el Estado nacional pagará al Gobierno porteño con bonos. Algo que fue rechazado por el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Para el oficialismo, el fallo de la Corte es visto como “una ayuda” para que Rodríguez Larreta cuente con capitales frescos en pleno año electoral. El alcalde es uno de los principales aspirantes de la oposición para las próximas elecciones presidenciales.
Los fondos en cuestión, según argumentan en el Gobierno porteño, formaban parte de la caja para financiar a la policía Federal que luego fue traspasada a la órbita de la fuerza de seguridad porteña. En 2020 Fernández ordenó redireccionar un porcentaje de ese dinero para destinarlos a la provincia de Buenos Aires, gobernada por el oficialismo.
La tensión política entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema viene escalando desde el primer discurso que ofreció Fernández como presidente ante el Congreso, donde anunció una reforma judicial y apuntó contra las relaciones entre integrantes de la Justicia y servicios de inteligencia.
Las diferencias también abarcan las decisiones que tomó la Corte relativas a la composición del Consejo de la Magistratura, órgano que evalúa, sanciona y remueve jueces.
“Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional. Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica”, esgrimió Fernández días atrás.
Todo se da en un contexto en que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, afronta varias causas por presuntos hechos delictivos ocurridos durante sus dos mandatos frente a la Casa Rosada. De hecho, el pasado 6 de diciembre un Tribunal Oral condenó a la expresidenta por administración fraudulenta a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, un fallo que decidió apelar.
Acusaciones de lobby, espionaje y persecución
En ese marco, en los últimos días de 2022 se filtraron unas supuestas conversaciones comprometedoras entre el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D'Alessandro, y un integrante de equipo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Silvio Robles. También hay diálogos con el titular de una empresa de grúas contratada por la ciudad.
En esos mensajes se tocan situaciones como el conflicto judicial que enfrenta el Gobierno con la oposición por la composición del Consejo de la Magistratura y se hace referencia al “fallo Robles”, que algunos medios relacionan con la resolución de la Corte que el 21 de diciembre benefició a CABA por la disputa por la restitución de fondos federales. Ante las acusaciones, el funcionario porteño renunció a su cargo.
En su mensaje de inicio de año, Fernández dijo que también ordenará al ministro de Justicia y Derechos Humanos que “promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo”.
Según el bloque de senadores del oficialista Frente de Todos, esas conversaciones dejan al descubierto los “perniciosos vínculos”, el “asesoramiento” y el “arreglo de fallos” judiciales entre Robles y D'Alessandro, lo que consideraron “el mayor escándalo judicial de la historia de la democracia argentina”.
Esta polémica se sumó a la que ya se había generado tras el viaje, a la mansión que el magnate británico Joe Lewis tiene en la Patagonia, en el que habrían participado D'Alessandro, jueces, fiscales, empresarios de medios, funcionarios públicos y exespías. La trama fue revelada en octubre por el diario Página/12 y luego Fernández pidió que se investigara el caso.
Horas antes de la denuncia de Fernández, diversos medios difundieron filtraciones de mensajes entre los presuntos viajeros, aparentemente acordando cómo evitar que la noticia del encuentro siguiera difundiéndose.
El cónclave en el sur, según el matutino, buscaba “garantizar” que el expresidente Mauricio Macri “siga impune” en la Justicia y “se mantenga el hostigamiento judicial” contra la vicepresidenta.
La oposición en defensa de la Corte
Juntos por el Cambio (JxC), principal coalición opositora, ya anunció su rechazo al pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte que impulsó Fernández. Aseguraron que oficialismo que no “podrá” avanzar en este “nuevo ataque” a los otros poderes del Estado.
En un comunicado, la coalición a la que pertenece Macri tildó de “trasnochada” a la pretensión de Fernández y del Kirchnerismo. También advirtieron que “así como no pudieron con la reforma judicial, (de) la procuración general y la ampliación de la Corte a 25 miembros, esta vez, tampoco podrán” con el avance del juicio político.
Para JxC, “estas maniobras desesperadas contra la Justicia evidencian una vez más que el único objetivo de este Gobierno es la búsqueda de impunidad”, y que “el único objetivo que los desvela un 1 de enero es tener una Justicia sometida”.
