Tras el crimen de Lucio Dupuy, el nene asesinado a golpes a fines de noviembre pasado en Santa Rosa, La Pampa, el juez de Control Néstor Daniel Ralli, ordenó que la madre de Lucio y su pareja, sean sometidas a nuevos peritajes psicológicos y psiquiátricos para determinar si existían antecedentes de violencia familiar tanto entre las acusadas como en la relación de las dos jóvenes o de cada una de ellas con la víctima.
En ese sentido, el juez resolvió que los controles se lleven a cabo el 4 de febrero en el penal de San Luis, donde ambas acusadas se encuentras alojadas. En la resolución de dos hojas, el Ralli aceptó todos los puntos de la ampliación solicitada de los peritajes, los cuales abarcan el análisis de la historia personal de Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio, de 24 años, y de su pareja, Abigail Páez, de 27.
Asimismo, el juez ordenó que los estudios estén a cargo de cuatro peritos oficiales: los médicos psiquiatras Martín Telleriarte y Camilo Muñoz, y las licenciadas en Psicología Laura Cabot y Virginia Carretero, según señaló la agencia de noticias Telam.
Ordenaron sumariar a los profesionales que atendieron al nene
Por otra parte, la fiscalía administrativa de La Pampa ordenó abrir un sumario interno administrativo a los médicos, enfermeros y docentes que trataron a Lucio Dupuy previamente a su muerte.
El fin es determinar si son responsables de mala praxis, por los golpes que el nene asesinado por su madre y su pareja en esa provincia registraba desde mucho antes y que fueron detectados en la autopsia posterior.
Sobre esa línea, el fiscal Juan Carlos Carola quiere saber “si los funcionarios actuaron con la debida diligencia reforzada”. La decisión fue tomada luego de comprobarse que meses anterior al asesinato, el niño sufrió heridas y lesiones que no fueron advertidas ni denunciadas.
Cabe recordar que, tras la muerte de Lucio, se determinó que había sido asistido por lo menos cinco veces en el lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros médicos de La Pampa. Además, también se supo que no hubo denuncias de los profesionales al respecto, como así también de las autoridades del jardín al que asistía Dupuy.
Por lo que, como resultado, se inició una investigación administrativa a nivel gubernamental para establecer responsabilidades de funcionarios en la omisión de denuncias que pudieron haber evitado este desenlace.
Resolución
En ese marco, el fiscal Carola quiere saber qué hicieron médicos, enfermeros y docentes que estuvieron en contacto con el niño. Y determinar si las atenciones médicas en su momento no indicaban un maltrato infantil que derivaran en una denuncia tal como lo indica la legislación vigente.
Por tal motivo, en el artículo 1° y 2° ordenó la instrucción de sumarios administrativos en el ámbito del Ministerio de Salud y de Educación, a fin de precisar las circunstancias del caso y, eventualmente, determinar si “en el ejercicio de las funciones públicas, agentes y/o funcionarios/as actuaron con la debida diligencia reforzada en el marco de la normativa vigente”.
Respecto al ámbito educativo, el juez se propone indagar, durante el período que Dupuy asistió al jardín, entre el 8 de marzo, día de inicio de clases, y el 25 de noviembre, último día en el que asistió el niño.
