En el aséptico idioma de las matemáticas, el programa para jefes y jefas de hogar desocupados consiste en el reparto de 531.173 subsidios de 150 Lecops. Traducido al lenguaje de la política, este plan fue impulsado por el Gobierno con el propósito de contener los índices de protesta social. Lo cierto es que su puesta en marcha desató una tormenta de discordias. Las principales provinc
ias no demoraron en criticar al Ejecutivo por la falta de control en su distribución. A eso se suman los recelos regionales entre intendentes, dirigentes barriales y punteros. Mientras, en todas las ciudades y municipios, formando fila ante bancos, estadios de fútbol y hasta bibliotecas, cada beneficiario late al compás de este magro alivio.
Las denuncias por irregularidades se multiplicaron por todo el país. Un funcionario bonaerense lo graficó de modo lapidario:
"Sólo aquí entraron 65 mil planes por debajo de la mesa". Era un eco del grito proferido por el gobernador Felipe Solá, quien explotó al enterarse de que, de los 550 mil subsidios correspondientes a Buenos Aires, el 12% había sido inscripto directamente por el Gobierno nacional para que se cobrara en el Banco Nación, y no en el Provincia.
"Duhalde no confió en nuestra administración ni en los intendentes", se quejó.
Por lo bajo hay sospechas de que desde el Gobierno nacional se tendió un puente de plata hacia el movimiento piquetero. Y las miradas apuntan hacia el diputado provincial Luis D'Elía -viejo abonado a Planes Trabajar- y también hacia el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien fue ministro de Trabajo bonaerense y se encargaba de adjudicar este tipo de ayuda, siempre cargada de tinte político.
COSTUMBRES ARGENTINAS. El conurbano fue tierra fértil para estas maniobras. El supuesto secretario de un alto funcionario de la Municipalidad de Malvinas Argentinas fue señalado como responsable de quedarse con el 60% de cada subsidio que gestionaba. El habría consumado la maniobra presentándose como
"hombre de confianza" de Enrique Sánchez, jefe de la Unidad Ejecutora de esa comuna. Fue el propio intendente, Jesús Cariglino, quien salió en defensa del funcionario, al afirmar que
"parte de la denuncia es falsa, porque en la Unidad Ejecutora no hay ningún secretario. Y eso ya lo aclaró el propio Sánchez en la comisaría de Los
Polvorines".
-¿Y qué parte de la denuncia es real? -preguntó GENTE.
-Bueno, no descarto que algún pícaro esté cobrándole a la gente por gestionar subsidios. Tal vez sea un puntero de nuestro propio partido. Sucede que los mecanismos de control son limitados, ¿me entiende?
Ser vinculado a esa maniobra no fue la única desventura vivida en estos días por Sánchez. Mientras efectuaba un relevo de beneficiarios en la localidad de Pablo Nogués fue amenazado con armas por dos personas, que le dijeron:
"Tomátelas, chabón, porque acá no hay nada que verificar". El episodio motivó la segunda visita de Sánchez a la comisaría de Los Polvorines en sólo 24 horas.
No muy lejos de allí, en la esquina de Perito Moreno y Talcahuano, está ubicada la Asociación Civil Rodolfo Arias, regenteada por Rodolfo Arias, sospechado de traficar subsidios en complicidad con su mujer, Sandra de Arias. Sobre este ex candidato a concejal hay tres denuncias penales, efectuadas por Margarita Sosa, Emilia Beatriz Pereyra y Norma Tank, quienes afirmaron que
"el nombrado exigía unos 30 pesos del subsidio bajo amenaza de cancelarlo". También sostuvieron que Arias las obligaba a
"participar de sus actos políticos".
Arias se comunicó con GENTE por vía telefónica, y previsiblemente dijo: "¡Esto es una burda patraña para
perjudicarme".
-Pero en el barrio es un secreto a voces que usted gestiona subsidios en gran escala…
-Estimado periodista, ¿es eso acaso un crimen?
-En el caso de que usted retenga parte del beneficio, no es, digamos, muy ético de su parte…
-¡Jamás retuve un centavo! Vea, yo no necesito robarle centavos a la gente. Tramité subsidios -no lo niego- pero lo hice como un servicio social. Y mire lo que recibo a cambio: un garrón.
EXTORSIONES. En el partido de Tigre, el doctor Emilio Giménez, secretario de
Salud y Acción Social, salió al cruce de esta práctica política: "Pusimos carteles que decían: 'No acepte intermediarios';
se le explicó a la gente que se anotara sólo en los municipios, y de pronto entraron por la ventana 1.629 planes. No sabemos si son de Tigre, ni quién los inscribió. Nosotros inscribimos a 14.000 personas, quienes cobran en el Banco Provincia, y ellos en el Nación. Hay denuncias verbales contra la Corriente Clasista y Combativa. Hilda, una vecina del barrio Las Tunas, me decía: 'Ellos me dieron el plan, y tengo que ir a cortar el Puente Saavedra'. Los están extorsionando. Y me pregunto cómo la Nación inscribe a esta
gente".
En una computadora portátil, Giménez tiene los beneficiarios del Municipio. En otro listado figuran los que se anotaron desde el Ministerio de Trabajo de la Nación. De ellos, 37 nombres están subrayados.
"Esos cobran dos veces -afirma Giménez-, primero en el Banco Provincia, y luego en el Nación".
En San Fernando, los pobres son también botín de guerra. El secretario de Gobierno comunal, Fernando Azcoaga, señaló que sobre 2.900 planes aprobados, 900 no pasaron el control del municipio.
"Son maniobras burdas -indicó-. Fue el propio Gobierno nacional el que responsabilizó a los municipios por el empadronamiento, sin gestores ni intermediarios. Y ahora, admite que organismos gremiales y políticos salten por encima del procedimiento
municipal". Según el funcionario, "del total de los beneficios irregulares, 701 fueron para sindicatos, movimientos piqueteros y para el Centro Comunitario San Fernando, que conduce el ex senador provincial Juan Estanciero, que obtuvo 199
planes".
Un retrato del propio Estanciero preside el salón del Centro Comunitario. Peronista por definición, amigo confeso de Aníbal Fernández y de Sergio Massa, director de la Anses -que verifica el destino de los subsidios-, este ex senador provincial recibió a
GENTE rodeado por una decena de niños que merendaban en su búnker. "Yo no manejo ningún
plan", dijo casi a modo de saludo. Y agregó: "Este Centro solicitó planes Barrios Bonaerenses al Ministerio de Trabajo provincial. El ministro era Aníbal Fernández. En los últimos 9 meses se prorrogaron. Pero no hubo gestión de nadie. Y nunca tuvimos 199 planes ni planillas para jefas y jefes de familia. Lo que pasa es que no pueden descubrir dónde están esos 199 planes, y en la interna estamos enfrentados con Azcoaga. En realidad se los dieron a piqueteros y sindicatos. Y suponían que el resto lo teníamos nosotros. Ahora, lo que hubo fue que la provincia pasó parte de los planes Barrios Bonaerenses a Jefas y
Jefes."
-¿Todos quienes lo reciben son padres con hijos, como exige el plan?
-Bueno… no todos. Pero eso no lo pedimos nosotros, lo mandaron ellos. Es un problema administrativo.
-Más bien, acá hay un problema de clientelismo político.
-¡Yo no soy un puntero! Si hace poco en la Anses me ofrecieron Planes Trabajar y dije que no…
-¿Quién se los ofreció? ¿Massa?
-No recuerdo... Fue en una charla… Pero no acepté… Siempre tuve una unidad básica, pero ya no funciona ese modo de hacer política. Entonces surgió la idea de este centro. Pero no tengo nada que ver. Hay una presidenta, una comisión…
-¿Y por qué abajo hay retratos suyos?
-Bueno… esa es una picardía. En realidad, yo les alquilo el lugar. Esto era un galpón…
Luego, la licenciada Elisabet del Valle Hoyos, presidenta de la institución, dio más precisiones a GENTE:
"A fines de 1999 obtuvimos cupos para el plan Barrios Bonaerenses, aprobados por el Ministerio de Trabajo. Daniel Gurzi, el responsable, nos informó en abril que iban a trasladar a algunos beneficiarios al nuevo plan de jefas y jefes de hogar, porque la Provincia ya no se podía hacer cargo de todos. La Secretaría habría pasado a más del 50% de los
mismos".
Desde el Ministerio de Trabajo, al que ya no pertenece Gurzi, un alto funcionario señaló:
"Puede ser que haya habido traslados de planes e irregularidades. Pero la provincia tuvo que cargar en el sistema a 700 mil beneficiarios en un mes. Igual, este Ministerio ya avisó que, en junio, los que estén mal incluidos ya no cobrarán. Total, ahora tienen 30 pesos más que con el plan Barrios
Bonaerenses".
Massa, por su parte, aseguró: "No hay que discutir sobre quién distribuyó los planes, sino quiénes son los
beneficiarios".
EL AGUJERO INTERIOR. En Córdoba y Salta se registraron irregularidades, digamos, surrealistas. Estela Inaudi, integrante del Consejo Consultivo y de la Pastoral Social cordobesa, denunció
"la desaparición de 1.360 fichas". Y sostuvo que "de las 10.500 solicitudes aprobadas, sólo 200 fueron evaluadas por el Consejo
Consultivo". Por último puso en evidencia una picardía de tipo cambiaria:
"A la provincia llegaron Lecops, que se cotizan a 0,95 por peso, y a la gente se le pagó en Lecors, que valen
0,83".
El caso salteño tuvo matices incluso más curiosos. En General Mosconi, que tiene 14 mil habitantes, se registraron 25 mil inscripciones. En Orán hubo 10 mil anotados, pero allí no se recibió ningún subsidio. Y en Salvador Mazza, de las 3.500 solicitudes solo llegaron siete. Hubo casos en que el subsidio para jefes y jefas de familia llegó indistintamente para el padre, la madre y los hijos. Y se detectaron personas que cobraron simultáneamente dos subsidios. Pero el caso más emblemático tuvo lugar en Tartagal, donde un subsidio fue otorgado a una "jefa de familia" de solo ¡cuatro años!
En tanto, frente a la Biblioteca Mentruyt, de Lomas de Zamora, una fila de beneficiarios se guarecía de la lluvia; entre ellos, Marta, quien admitió que su solicitud fue gestionada por el puntero de su barrio. Y decía: "¡Qué lástima que ahora no esté él acá para
mojarse..!"
Las ventanillas de la cancha de Defensa y Justicia, en Florencio Varela, fueron el improvisado banco para muchos desocupados que cobraron los 150 Lecops del Plan Jefas y Jefes de Hogar.
A mí me gestionaron el subsidio", algo prohibido según la publicidad oficial.">
Largas colas frente a la Biblioteca Mentruyt, en Lomas de Zamora, uno de los centros de pago. La señora Marta dijo: "A mí me gestionaron el subsidio", algo prohibido según la publicidad oficial.
