Los informes realizados por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires
son contundentes. Y se expresan en cifras irrefutables: de los 4.087 menores que
ingresaron a institutos en el año 2003, 4.021 se fugaron antes de cumplir con su
tratamiento de rehabilitación. De la misma investigación surgen datos aún más
preocupantes: entre aquellos que escaparon, 2.650 chicos habían sido vinculados
por la Justicia a comisiones de delitos graves. Al mismo tiempo, actualmente hay
350 menores alojados en comisarías, lo que implica una violación a la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, estatuto que fue incorporado a la
Constitución Nacional luego de su última reforma en 1994.
Estos lapidarios números vuelven a poner en el tapete otro tema candente: la
baja de imputabilidad de los menores, que es uno de los puntos centrales -y más
polémicos- del petitorio de Juan Carlos Blumberg. Hoy, el corte legal está
fijado a los 18 años, aunque el reclamo de la Cruzada Axel aspira a disminuir
ese límite a los dieciséis. Sus argumentos alcanzan mayor fundamento en las
estadísticas de la Subsecretaría de Minoridad bonaerense:
- El 40% de los chicos que delinquen tiene 17 años.
- El 25%, apenas alcanza los 16 años.
- Otro 25% corresponde a los menores que tienen entre 14 y 15 años.
- El 10% restante de los delitos protagonizados por menores son perpetrados por
chicos que tienen entre 8 y 13 años.
El informe refleja una sensible baja en la edad de inicio en la carrera
delictiva. Y sostiene que la participación femenina en la delincuencia juvenil
se duplicó entre los años 2000 y 2004. Para entender el fenómeno, es
imprescindible cotejar otros elementos, a saber: el 40% de los menores que
delinquen no completaron sus estudios primarios. O que un relevamiento del INDEC
concluyó que "el 76% de los niños y jóvenes son pobres. Y de ese total, el 34%
está bajo la línea de indigencia". Al mismo tiempo, como una paradoja brutal, un
informe elaborado por el Ministerio de Economía y Unicef, indicó que la
inversión destinada a los menores disminuyó un 29,5% a partir de 2002.
ALERTA ROJA. Más de 11 mil menores viven hoy bajo la tutela del Estado
provincial. Los 33 establecimientos que deben dedicarse a su rehabilitación
están superpoblados e incapacitados de brindar el servicio para el que fueron
creados. El gobernador Felipe Solá ya ha sido informado por el máximo tribunal
de Justicia bonaerense. En los estrados provinciales estiman que el 80% de los
menores que llegan a la Justicia tuvo alguna vez contacto con drogas prohibidas,
pegamentos o alcohol. Aunque no todos son reconocidos "adictos". La recuperación
de los menores delincuentes drogadictos ha sido tercerizado a una veintena de
clínicas y comunidades terapéuticas. Y las fugas de esos centros también son
frecuentes.
MENORES EN FUGA. Los escapes están contemplados en el régimen. Un viejo axioma,
repetido en el sistema de minoridad, asegura: "Si no hay fugas, no hay
vacantes". Sin embargo, los altísimos porcentajes de 2003 sonaron como una
alarma en la Corte Suprema de la provincia. Quizá el dato más asombroso es que
la mayoría de las huidas no se produjeron en motines o situaciones forzadas. "De
los centros abiertos y de contención, salen cuando quieren. Para justificarlo se
usa un eufemismo: se dice que abandonaron el tratamiento", asegura una voz
anónima experta en minoridad.
Los casos se repiten en toda la provincia. Hace días, un menor de 15 años se
fugó del Instituto Gambier, en Melchor Romero. Había sido detenido por el crimen
del Arnaldo Carballo, el operario de una empresa contratista de Edesur que había
ido a cortar la luz a su casa por acumulación de facturas impagas. Carballo
tenía 38 años y era padre de tres hijos cuando murió desangrado luego de recibir
tres impactos de bala. Ocurrió el 20 de julio pasado. El padre del chico, de
apellido Mazella, está procesado por tentativa de homicidio, homicidio
calificado y portación de arma de guerra. Trascendió que el menor intentó
hacerse cargo del crimen para beneficiar a su padre, pero tanto los peritajes
como el relato del progenitor lo desacreditaron. Los investigadores
establecieron que el adolescente le entregó el arma a Mazella, quien disparó y
mató al operario.
EN COMISARIAS. Los adolescentes tienen una fuerte incidencia en el accionar
delictivo del Gran Buenos Aires. Los municipios de Lomas de Zamora, San Martín y
Morón presentan el panorama más grave. Los tres municipios suman más de 200
menores alojados en dependencias policiales. El número es por demás
significativo si se tiene en cuenta que el total de los chicos detenidos en
comisarías de la provincia es de 350. Y su promedio de permanencia supera los
300 días, contrariando la Constitución Nacional y expuestos a todo tipo de
violaciones a sus derechos.
Jesús B. tenía 15 años cuando fue detenido. El 26 de diciembre de 2003 fue
acusado de hurto, lesiones leves, daños y homicidio. Su primer destino fue un
destacamento de Carmen de Areco. Luego fue derivado a una celda en la comisaría
de Las Catonas, en el partido de Moreno. Allí sufrió una crisis depresiva y el
juez Luis Giacoia, apoyado en estudios psicológicos, ordenó su urgente
internación en un instituto de menores. Desde la Subsecretaría de Minoridad le
respondieron que el pedido era "de cumplimiento imposible" por no contar con
vacantes. El desenlace final se produjo el 13 de enero pasado, cuando el menor
se ahorcó en la celda con sus propias ropas atadas al techo del calabozo.
La gravedad de la crisis motivó la presentación de severos pedidos de informes
por parte del diputado Horacio Piemonte (ARI) y escritos de la Corte Suprema,
suscritos por su presidente, Eduardo de Lázzari. Allí se advierte incluso que
"muchas veces se registra la omisión administrativa de comunicar la fuga en
tiempo y forma al juez competente". Y se sostiene que "la seguridad y contención
de los niños y adolescentes internados por resolución judicial configura el
elemento previo e indispensable de todo intento de recuperación".
Ahora, el Poder Ejecutivo provincial tiene la palabra.
El informe oficial refleja una sensible baja en la edad de inicio en la carrera delictiva. Y sostiene que la participación femenina en la delincuencia juvenil se duplico entre los años 2000 y 2004.
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El 40% de los menores que delinquen no completaron sus estudios primarios. Y el 80% tuvo algún contacto con el alcohol o las drogas. Según el INDEC, "el 76% de los chicos y adolescentes son pobres".
