Durante los últimos tres años, el Gobierno nacional, a través de los planes de empleo transitorio, pagó 6,1 millones de pesos por obras que nunca se concretaron. Miles de argentinos necesitan las plazas, las huertas comunitarias, las refacciones en escuelas, las salas de primeros auxilios, los comedores infantiles, los cordones y las cunetas que debieron haber sido... y no fueron.
Los planes Trabajar nacieron para enfrentar al mayor índice de desocupación de las últimas décadas, aunque este beneficio –cada plan significa 160 pesos mensuales en el mejor de los casos; antes se pagaban 200– apenas se extendió al 6,9 por ci
ento de los desempleados: sobre un total de 2 millones, sólo 134.000 accedieron a un empleo transitorio en diciembre último. Pero lo más grave es que por desidia, desorganización o corrupción, tampoco se realizan todas las obras que deberían haberse hecho.
¿Quién es el responsable? Para responder a esa pregunta hay que empezar explicando cómo funcionan los llamados “planes Trabajar”. Usemos un ejemplo: un municipio presenta en el Ministerio de Trabajo un proyecto para la construcción de, digamos, un comedor escolar. El Ministerio evalúa que para realizar la obra harán falta 35 trabajadores, por cuatro meses. Entonces el organismo responsable (en este caso, el municipio) propone a 35 personas que cobrarán en mano, como si fuera una jubilación, entre 120 y 160 pesos por mes.
Finalmente, se coloca el primer ladrillo, pero al término de los cuatro meses estipulados, se construyó sólo el 10 por ciento del comedor, aunque se pagó el 100 por ciento de los sueldos. Conclusi
ón: el Estado le aplica al municipio diferentes sanciones que van desde la baja de la obra, la intimación a regularizar el proyecto primero, a devolver el dinero desaprovechado después y la inhabilitación para volver a pedir planes, hasta la denuncia penal y el reclamo de los fondos por la vía de la justicia.
Hasta aquí, un ejemplo virtual, pero en los registros de la cartera laboral hay unos 1500 casos reales, donde la plata que se desperdició es tan concreta como las personas que la desperdiciaron.
En la Argentina hay unos dos millones de desocupados. De ellos, el 6,9 por ciento (134 mil personas) accedió a los planes Trabajar.
