Todavía resonaban las absurdas y violentas palabras que el dirigente Raúl
Castells descerrajara como broche de su tour piquetero por las playas de Mar del
Plata: "Si no nos dan bolilla para que nos devuelvan los planes sociales -más de
20 mil, que fueron dados de baja por serias irregularidades- vamos a entrar en
la Casa de Gobierno bonaerense… Desde aquí llamamos a la desobediencia civil:
que nadie pague impuestos y que la gente compre en negro para que los bancos no
reciban plata".
Todavía se comentaba el sinceramiento del propio Castells, quien confesó sus
intenciones de postularse para las próximas elecciones, cuando el miércoles 3,
los cortes y las protestas piqueteras se trasladaron a La Plata, seguramente la
ciudad que más padece estos reclamos. Basta señalar que el acceso de la
autopista hacia Buenos Aires es bloqueado a diario y por cualquier motivo. En
esta ocasión, las distintas organizaciones marcharon para reclamar por el
recorte de aquellos 20 mil planes sociales, originando un nuevo caos para los
miles de habitantes de la ciudad, quienes pretenden trabajar, estudiar,
sencillamente vivir, en paz.
Tal fue la presión, que los líderes piqueteros forzaron una reunión con los
ministros de Desarrollo Humano y Trabajo, Juan Pablo Cafiero, y de Justicia,
Eduardo Di Rocco, en la que acordaron "revisar, transparentar y clarificar todo
lo que tenga que ver con los planes de empleo" a través de la integración de una
comisión conjunta que deberá expedirse esta semana. El acta fue firmada por los
funcionarios y los máximos dirigentes duros: Raúl Castells, Néstor Pitrola y
Nicolás Lista, quienes fuera de los ámbitos formales amenazaron con nuevas
movilizaciones si es que el Gobierno no se hace eco de sus demandas.
El ministro Cafiero es terminante cuando recuerda que en los últimos años "hubo
un crecimiento de casi el 400 por ciento en los planes Barrios Bonaerenses, que
llegaron a sumar 82.060 beneficiarios". La cartera a su cargo, con la sospecha
concreta de que entre tantos subsidios había muchísimos que no lo merecían,
inició, a fines de 2003, inspecciones a los proyectos que se financiaban con
este programa ya que "a diferencia de los planes Jefes y Jefas de Familia, éste
fue pensado para ser eminentemente productivo". Es decir, que todas las personas
que lo cobran deben -o deberían- llevar adelante alguna labor de las previstas:
desarrollo de huertas, tejidos artesanales, cría de animales de granja, clases
de educación vial, tareas en sociedades de fomento, entre otros.
La aplicación del plan contempla la intermediación de ONGs, organizaciones
piqueteras, municipios y Cáritas, que deben avalar, conducir y controlar el
desarrollo de los proyectos cuyos beneficiarios perciben un promedio de 150
pesos mensuales.
Los primeros síntomas de anormalidad se percibieron en octubre pasado, cuando se
registró el regreso a la tesorería del ministerio de 5 mil cheques.
Increíblemente, sus titulares o apoderados no se presentaron a cobrarlos. Pero
luego se fueron sumando otros datos como proyectos laborales en los que no
constaba el domicilio, o a cargo de personas NN o con identidades duplicadas.
"Sospechando que había más irregularidades, lanzamos un reempadronamiento que
culminó el 31 de diciembre. Pero ante la falta de respuesta, prorrogamos dos
veces el cierre, primero al 15 y finalmente al 31 de enero", aclara el Ministro.
Como consecuencia de este relevamiento se dieron de baja 21 mil planes, 16 mil
de ellos porque sus beneficiarios no se presentaron a reempadronarse y los
restantes por estar viciados de irregularidades.
Así, para el pago de febrero, el Plan Barrios Bonaerenses se redujo de 82.060
beneficiarios a 62.000, lo que significó un ahorro de 4 millones de pesos,
recursos que se volcaron a planes asistenciales, entre ellos el Servicio
Alimentario Escolar, que prevé dar desayuno y merienda completa a los alumnos de
las escuelas de la provincia de Buenos Aires a partir del 8 de marzo. De esta
forma, el dinero llegará a quienes lo necesitan y no para engrosar las arcas de
algún puntero político.
Sin embargo, al poner bajo la lupa los planes objetados, no sólo quedó a la luz
que muchos "vivos" percibían los subsidios, sino que hasta los muertos se
alzaban con los 150 pesos. Inspectores del Ministerio de Desarrollo Humano y
Trabajo detectaron que hasta enero de 2004 cobraron sus planes 113 personas que
habían fallecido en años anteriores, lo que obviamente motivó inmediatas bajas.
No fue todo, porque mientras se llevaba a cabo el reempadronamiento, nuevas
truchadas fueron tomando vida: otras 124 personas que habían muerto "se habían
presentado" a cobrar; familiares, amigos o vaya a saber quiénes habían pasado
por caja con los documentos de identidad de los difuntos. Uno de los casos
testigos es el de Francisco Antonio Barceló, quien murió el 4 de enero de 2003,
cuando tenía 73 años. Claro que a la hora de embolsar los 150 pesos, don
Francisco -que en paz descanse- tuvo un "clon" que siguió cobrando su plan hasta
el mes de diciembre.
Pero todavía hay más. Mediante el entrecruzamiento de datos con diferentes
organismos, entre ellos el Instituto de Previsión Social y la ANSES, se
detectaron otras miles de irregularidades. Por ejemplo, personas que cobraban el
mismo plan todos los meses por tres o cuatro organizaciones piqueteras o
titulares que mensualmente cobraban el subsidio de los que, tras cotejar en
padrones de aportes previsionales, se comprobó que tenían empleos fijos, con
aguinaldo, vacaciones y obra social.
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La capital bonaerense es, sin dudas, la ciudad que más padece a los duros piqueteros. El martes 3, los platenses, una vez más, se vieron invadidos por los manifestantes que hasta llegaron a "secuestrar" un tren.
La manifestación del martes provocó el hartazgo de vecinos y comerciantes de La Plata. Con un apagón masivo de quince minutos, el jueves reclamaron el fin de los piquetes que afectan sus trabajos y sus vidas.
