"Dicen que se hizo justicia, pero yo lo único que sigo sintiendo es dolor. Hace cuatro años que no paro de llorar su muerte". María Silvia Aballay (46) no tiene
consuelo. Desde que el 18 de julio de 1998 una banda de delincuentes fusiló a su hijo -el cabo de la Policía Federal Rubén Juárez- vive angustiada y deprimida. Aquella trágica madrugada, Juárez custodiaba el restaurante
Dolli en Figueroa Alcorta y Tagle. Pese a que el esclarecimiento de su muerte prometía terminar archivado en un cajón de la burocrática justicia argentina, un increíble dato terminó precipitando una purga histórica dentro del Servicio Penitenciario Federal: los investigadores determinaron que el delito había sido realizado por presos que, increíblemente, salían de la cárcel de Caseros para robar. Entonces el crimen terminó por convertirse en un caso emblemático. La investigación quedó a cargo del juez Alberto Baños. Y comenzó a transformarse en un sorprendente escándalo cuando una víctima de uno de los robos ocurridos esa noche identificó a Alejandro Hebert Nuñez (29) como uno de los asaltantes. Es que Nuñez era un preso de la cárcel de Caseros, y debía estar durmiendo en la celda 17 B. El mismo reconoció ante el magistrado que lo habían dejado salir de la prisión para concretar una serie de asaltos junto con su compinche Maximiliano Noguera, uno de los detenidos que más sabía sobre las "salidas e
speciales", y que luego apareció asesinado en la cárcel antes de que declarara ante Baños.
Mientras intentaba esclarecer los hechos, el propio juez recibió una serie de amenazas de muerte: le mandaron un pequeño féretro con su foto adentro, y hasta se enteró de un complot para terminar con su vida. Alejandro el Polaco Penczansky -que por entonces estaba detenido allí y luego fue trasladado a una dependencia de Gendarmería en Campo de Mayo por razones de seguridad- le confió a Baños que le habían ordenado asesinarlo. Y hasta llegó a precisarle el lugar de la cárcel donde estaban guardadas las pistolas que debía usar. El juez ordenó allanar el piso 18 de Caseros. Y allí encontró 3 armas y 50 municiones.
Durante el juicio oral que finalizó el 8 de octubre, Alejandro Nuñez -quien recibió una pena de ocho años porque el tribunal sólo lo halló culpable de participar en un asalto previo al asesinato- declaró que lo habían dejado salir del penal para realizar una serie de robos. Su testimonio resultó vital para condenar a Christian el Sapo Franco (27) -agente del Servicio Penitenciario- a 20 años de prisión por el crimen del cabo Juárez. Franco se encontraba más que complicado en el expediente porque en la puerta de Dolli apareció el cargador de un FAL que pertenecía al organismo y figuraba como
"extraviado". Los otros dos integrantes de la banda, Pablo Argañaraz (23) y Oscar Chazarreta (24) llegaron al juicio implicados en varios delitos. Entre ellos, el asesinato del policía, un asalto previo en Villa del Parque, y el robo de un auto. Pero el tribunal resolvió condenarlos sólo por encubrimiento en el tema de la "sustracción de automotor". Y les impuso un año y seis meses de condena a cada uno.
Jonathan (6) y Nadia (8) -sus hijos-; Adan (51) y María (46) -sus padres-; y David (13) -su hermano- le rinden homenaje al cabo de la Policía Federal Rubén Juárez en la esquina donde fue masacrado a balazos en la madrugada del 18 de julio del 98.
El cabo Juárez tenía 25 años cuando lo asesinaron. Por el servicio de vigilancia de esa noche iba a cobrar 36 pesos.
