El abogado defensor de los detenidos realizó el pedido y la próxima semana deberá definirlo el juez de Garantías, David Mancinelli. Ya les probaron las tobilleras y les realizaron los estudios socioambientales. Ahora restan las pericias psiquiátricas y psicológicas.
Entre gallos y medianoche. Así fue el traslado en la madrugada del viernes a una alcaidía de Melchor Romero de los ocho rugbiers que hasta entonces permanecían detenidos en la cárcel de Dolores. ¿El motivo? “Para tratar de evitar que los medios de comunicación que cubren la noticia provoquen corridas y así evitar accidentes”, fue la respuesta que dieron desde el Servicio Penitenciario. Lo cierto es que desde hace unas semanas el juez de Garantías, David Mancinelli, estudia el pedido que hace más de un mes realizó el abogado defensor, Hugo Tomei, quien pidió la “prisión domiciliaria para sus defendidos”.
El argumento que utilizó la defensa para realizar el pedido puntualiza que “sus defendidos se sentían presionados por los medios” y que por este motivo se encontraban “atemorizados en la cárcel”. Y aunque el pedido no les cayó nada bien a los papás de Fernando Báez Sosa, el chico asesinado en Villa Gesell, lo que hizo el doctor Tomei es constitucional y está contemplado en el Código Penal. La Ley 24.660, modificada por Ley 26.472, regula específicamente la prisión domiciliaria en sus artículos 32, 33 y 34, aunque aclara que deben cumplirse distintos requisitos para su otorgamiento.
¿Es posible que el juez les ponga una tobillera a los ocho imputados y los deje en libertad hasta que tengan una condena firme? Sí, aunque según confían fuentes muy cercanas a la causa, “difícil que se las otorgue a aquellos que seguramente van a recibir cadena perpetua”. Uno de los requisitos para decidir si se otorga o no el beneficio es “que no haya peligro de fuga por parte del imputado”. Lo que sostiene Fernando Burlando, patrocinador de la familia de Fernando, es que “difícilmente una persona que sabe que va a pasar el resto de su vida en prisión no intente escapar”. Un argumento que rebatió Tomei, diciendo que “ellos ya tuvieron la oportunidad de escaparse e irse, y no lo hicieron”.
La semana pasada se les probaron las tobilleras a los imputados y se les realizaron los estudios socioambientales, para saber si el lugar que ellos fijaron como futura residencia es apto para otorgarles el beneficio. “Uno de los requisitos innegociables es que tenga teléfono de línea y una cantidad de metros determinados, entre otras cosas. Todos cumplieron con todo lo que se necesita y están aptos para irse”, aseguran desde el Juzgado. Ahora sólo restan los informes de las pericias psicológicas y psiquiátricas que les van a realizar en Melchor Romero en los próximos días.
Por su parte, la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores fijó para el 19 de este mes la audiencia oral. Ese día, los camaristas Sotelo, De Felitto y Yaltone deberán ratificar o no las prisiones preventivas que el 14 de febrero pasado dictó el juez Mancinelli para Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Blas Cinalli (18), Enzo Comelli (19), Ayrton Viollaz (20), Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20) y Lucas Pertossi (20), detenidos por el “homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” de Fernando Báez Sosa y por las lesiones que sufrieron sus amigos. Y aunque el país se conmovió con el crimen tremendo de Fernando, la realidad es que las cárceles argentinas no están preparadas para alojar a chicos de 18 a 20 años. Por este motivo, en pocos días el juez podría decidir que esperen la sentencia definitiva arrestados en sus casas.
Informe: Betiana Isaurralde
