No se sabe cuándo, ni cuánto, ni a quiénes, ni para qué. La única certeza que dio el Gobierno es que las facturas de luz y gas vendrán con aumento. Los responsables hay que buscarlos en el Senado, donde se aprobó, por 37 votos a favor y 20 en contra, un proyecto del Poder Ejecutivo que autoriza a crear “cargos específicos” en las boletas para financiar, dicen, “obras de infraestructura en esas áreas” de generación de energía. Como los opositores pusieron el grito en el cielo, el mismísimo presidente Néstor Kirchner tuvo que salir a aclarar que, en realidad, bueno… eso no era un aumento de tarifas. Lógico: lejos de echar luz, el tema se oscureció.
Jorge Lapeña es, sí, experto en Energía. Fue secretario del área durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y preside el Instituto Argentino de Energía General Mosconi. Y, en la sala de reuniones donde lucen cuadros de su hija Leticia, explicó con claridad la situación.
–¿Hay aumento de tarifas o no, Lapeña?
–Podemos decir que sí, la decisión marca un aumento de tarifas. Porque se crean cargos específicos que van a adicionarse a las tarifas de los usuarios.
–¿A todos?
–Fundamentalmente a los industriales, pero no se sabe si a los residenciales también. Estos cargos tienen como fin integrar fondos fiduciarios destinados a hacer las inversiones necesarias para que el sistema pueda expandir la oferta de energía y cubrir la demanda.
–¿Y entonces por qué el Gobierno niega que sea un aumento si aunque sólo afecte a la industria, ésta lo trasladará a los precios?
–No sé, pero en definitiva vamos a pagar más por la luz y el gas. Y lo grave es que no sabemos cuánto más. Porque se crea el cargo sobre-tarifario, pero no se dice de cuánto será. Esto quedará a discreción de la autoridad de aplicación, el Ministerio de Planificación…
–Por eso muchos llaman Ley De Vido a esta norma.
–Bueno… vox populi, vox Dei. Y, déjeme completar, tampoco se sabe qué obras serán objeto de esta financiación. Entonces, esto es una especie de cheque en blanco que le da el Poder Legislativo al Gobierno. Y sólo es posible lograrlo cuando hay una mayoría parlamentaria como la tiene el oficialismo, que la usa sin miramientos.
–¿No debería haber una audiencia pública, con participación de empresas y consumidores, antes de tomar una decisión así?
–En la Ley de Emergencia Pública, sancionada en enero de 2002, se preveía que si bien las tarifas quedaban congeladas, el Gobierno debía renegociar con las empresas eléctricas y de gas los contratos de concesión y determinar tarifas justas y razonables para que el servicio fuera eficiente. Esto, que debió haberse hecho en un año, se dilató. Pasaron cuatro años y no se completó. Eso generó fricciones entre la letra de la ley y las empresas. Algunas se fueron del país. Y, en concreto, la inversión en el área energética no existe.
–¿Las empresas están felices con esta decisión del Gobierno?
–No. Porque no reciben los fondos. Los paga el usuario, pero van a un fondo fiduciario para hacer obras que la empresa no va a decidir. Esto, además, está relevando a las empresas de sus obligaciones: a cambio de una tarifa justa, deberían dar un servicio de calidad e invertir para satisfacer la demanda.
–Traducido, esto es una suerte de subsidio estatal a las empresas para hacer obras que no hicieron, y lo vamos a pagar todos.
–En alguna medida es eso. Y sólo se harán las obras que alcancen con esos fondos. Pero no se sabe ni el cargo, ni sobre qué usuarios se aplicarán, ni qué obras se quieren hacer, porque este gobierno, sencillamente, no tiene un plan energético.
–Empezaron por el final: recaudar sin saber exactamente para qué.
–Por eso le digo que es un cheque en blanco. Y la oposición se percató de ello. Por eso el proyecto no concitó el consenso dentro de las Cámaras, y el Gobierno intentó salir a explicar lo que debió haber hecho antes: la fundamentación de este tipo de proyecto. Pero esto no resuelve el problema, y crea más confusión.
–A ver…
–Primero, quiero aclarar que no soy enemigo de los fondos específicos. En el pasado, los cargos sobretarifarios fueron instrumentos eficientes para hacer obras puntuales, como el Chocón o Salto Grande, por ejemplo.
–De hecho, aún hoy continúa llegando en la boleta de la luz, un cargo extra para la provincia de Santa Cruz.
–En efecto. Lo que critico es la forma indiscriminada de aplicar estos fondos. Si no se sabe ni la magnitud ni las obras… El Parlamento, insisto, le sirvió al Gobierno para blanquear lo que ya no se podía sostener: que el sistema energético argentino pudiera continuar con un nivel tarifario congelado. El contrato de concesión les exige a las empresas que hagan todas las obras, pero el Estado debía garantizar una tarifa razonable. Y eso no fue reparado.
–¿Deben aumentar las tarifas, entonces?
–Había que renegociar los contratos, y posiblemente hubiera surgido una tarifa más razonable. Y así la inversión hubiera continuado.
–¿Cuál es el retraso?
–No podría decirlo, porque hay más de 60 contratos: empresas distribuidoras, transportistas, una cantidad de casos que hacen imposible dar una cifra. Pero sí digo que la Argentina sufrió una devaluación del 200 por ciento, que el dólar costaba un peso y ahora tres, y que los costos de las empresas están asociados a esa moneda, sobre todo los de inversión. Entonces, pretender que en una economía que se ajustó el sector energético tenga un congelamiento permanente, es un error del Gobierno. Este sistema viene a reparar parcialmente esta cuestión, pero lo hace de forma desprolija y poco transparente.
–Encima se viene el invierno. ¿Faltará gas?
–Mire, la Argentina, afortunadamente, crece en términos económicos desde hace 37 meses. Y en consecuencia, también lo hacen el consumo de electricidad y gas. ¡El 50 por ciento del consumo energético es de gas! Y seguirá aumentando. Pero la oferta no crece: no hay nuevas centrales eléctricas, ni gasoductos, ni nuevos yacimientos de gas o petróleo. La producción de petróleo cae desde 1998, la de gas se estancó. Estamos en una situación preocupante. Y para que no se note tanto, el Gobierno le corta los suministros de gas a Chile, comprometidos por contratos firmados. Debemos importar cada vez más fuel oil de Venezuela…
–Fuel oil que se usa, precisamente, para que funcionen las centrales eléctricas.
–Claro. Están pensadas para funcionar a gas, pero como no hay, debemos importar fuel oil.
–Y con la crisis petrolera y la amenaza de una guerra en Irán, ni imagino adónde se irá el precio…
–Lo estamos importando en el peor momento, porque los combustibles están en el mayor precio de la historia: 75 dólares el barril de crudo.
–¿Esto arrastrará un aumento de la luz y el gas?
–En la medida que bajemos la producción doméstica y debamos importar, los precios se deslizarán hacia arriba. Si concretamos más compras de gas a Bolivia, tendremos que pagarlo más caro. Así lo dijo Evo Morales.
–¿Hay opciones?
–Hasta que las inversiones no se hagan, vamos a pasar años complicados. No digamos una catástrofe o un tremendo apagón, pero sí dificultades.
–¿Hasta cuándo tenemos reservas de gas?
–Hasta los años 90 éramos un país gasífero, y ahora tenemos problemas de demanda. Teníamos 30 años de reservas y ahora quedan apenas 9. Si hay más no lo sabemos, porque no se buscó. En esa década cometimos un error de jardín de infantes: usamos un recurso no renovable como si fuera infinito. Y se paga así.
–¿Y este gobierno, que critica tanto los 90, no lo cambió?
–Bueno, nunca debemos perder de vista que este gobierno fue parte de los 90. No consta en actas que los funcionarios de este gobierno se hayan opuesto a las políticas de aquella época. Una vez en el gobierno, el discurso de Kirchner es que no estaba de acuerdo. Pero tampoco generó, en el área, un modelo alternativo.
–El gasoducto que se planea entre Venezuela, Brasil y la Argentina, ¿soluciona el problema o nos hace más dependientes de Chávez?
–Es evidente que, si se concreta, nos haría más dependientes de él. De todos modos, ésta no es una obra para ahora: tiene escala continental, altísimo costo –se habla de 15 ó 20 mil millones de dólares–, gran longitud, y a pesar del gran apoyo político, no tiene siquiera estudios de prefactibilidad para saber si la obra es viable en términos técnicos, financieros y ambientales.
El cuadro, proporcionado por el Instituto Argentino de Energía General Mosconi, que preside Lapeña, muestra cómo subieron el consumo y la importación de energía –en el caso del gas, un 116,6% en un año– y cómo, al mismo tiempo, se estancó la producción energética.
“El Parlamento, insisto, le sirvió al Gobierno para blanquear lo que ya no se podía sostener: que el sistema energético argentino pudiera continuar con un nivel tarifario congelado”
