-Después de las dos marchas que llevó a cabo, desde el gobierno, ¿ven a Juan
Carlos Blumberg como a un opositor?
-¿Blumberg? Nooo… Es alguien que ha tenido
un dolor durísimo, como muchos otros familiares en la Argentina, y tenemos que
respetarlo. Estoy en permanente contacto con él. Además, plantea un fenómeno de
movilización que nos parece positivo, y -esto se lo dije a él-, nos tiene que
ayudar a hacer estos cambios. Este plan recogió muy buen nivel de adhesión, y
así lo marcan las encuestas de opinión.
-Pero la primera marcha fue al Congreso, la segunda a la Justicia… la tercera
puede ser a la Casa Rosada, lo saben.
-No me preocupa en absoluto ver a la sociedad movilizada. Como le digo, es la
única garantía de poner en marcha este plan, este cambio. Hay sectores de la
política que no quieren romper las listas sábanas ni eliminar privilegios;
sectores de la Justicia que cuando se les habla de trabajar en un barrio, parece
que se les hablara de una situación extraordinaria; sectores de la policía que
resisten el control civil. Cuando llego a mi casa y veo este panorama, pienso en
quién respaldarme para este cambio. Obviamente, en un liderazgo del Presidente y
en una sociedad movilizada. Si no, los sectores que ostentan privilegios se van
a seguir matando de risa. Acá no se trata de izquierdas o derechas, la seguridad
es una cuestión de vida o muerte. Y que hay que hacerlo rápido.
-Claro: fueron esas marchas las que apuraron el plan…
-Nosotros ya veníamos trabajando en él. Desde ya que un hecho tan conmocionante
como el secuestro y asesinato de Axel Blumberg ha permitido incorporar otras
medidas más. Pero, por ejemplo, el Seminario Internacional de Juicio por Jurados
que se hizo la semana pasada, estaba previsto para diciembre y no se pudo hacer
por problemas de organización. O sea que desde entonces pensábamos en esto.
-Convengamos que, por la oportunidad en que lo anunciaron, como sucede con
muchas cosas en nuestro país, pareció que tuvo que suceder lo de Axel para
llegar a fondo.
-No, nosotros no empezamos de cero, teníamos una serie de trabajos y
experiencias de participación vecinal. Ayer estuvimos en el Barrio Ejército de
Los Andes, mal llamado Fuerte Apache, que es un ejemplo que pusimos en marcha
desde nuestro ministerio. Ustedes, en GENTE, publicaron una nota y pudieron
comprobar cómo cambió la seguridad. Hacemos una constante depuración policial,
echamos a 454 hombres en estos diez meses de gestión. Es más de un policía por
día, por irregularidades. Esto genera un problema estructural también. Por eso
vamos a reforzar con seis mil hombres nuevos a las fuerzas de seguridad
federales.
-¿Van a crear otra fuerza de seguridad, además de las que ya existen?
-No. Implica que se van a reforzar las fuerzas federales existentes y se va a
coordinar mejor la tarea, poniendo énfasis en la criminalidad compleja que pasa
de provincia a provincia.
-Precisamente, en las provincias se quejan de que este plan no es federal, que
está pensado para Capital Federal y su Conurbano, y que el delito se puede
extender al interior.
-Eso es falso. Nosotros pensamos incorporar seis mil efectivos a fuerzas que no
están en la Plaza de Mayo. Gendarmería y Prefectura están extendidas por todo el
país. Las ocho cárceles que construiremos no se harán en la City porteña, las
construiremos a lo largo y ancho del país… Mire, acá hay que actuar rápido. Por
ejemplo, unificar los procedimientos penales de todo el país. No puede ser que
un señor se tome el tren en San Isidro, llegue a la Capital y tenga dos códigos
procesales diferentes. Y bueno, quien esté en desacuerdo, que proponga algo
mejor. Porque sino pareciera que todo está bien en la Argentina, y que es una
tasa razonable si de mil delitos que se denuncian sólo seis reciben condena.
Para mí es un espanto.
-Antes hablábamos de la exitosa experiencia en Fuerte Apache. En ese barrio, la
situación cambió cuando la Gendarmería pasó a tener el control sobre su
seguridad, desplazando a la Policía.
-Bueno, por eso es tan importante la remoción de sectores policiales que están
comprometidos con el delito. El sentido de la Agencia Federal es éste,
reproducir este tipo de experiencias en otros puntos del país con situaciones
críticas, de desborde y zonas liberadas, como era el Barrio Ejército de Los
Andes, al que convertimos en un lugar de paz. Cuando el doctor Quantín fue a
Fuerte Apache de madrugada, toda la policía del lugar le dijo: "No entre, porque
ahí no se puede entrar". Demostramos que se puede entrar, salir y generar una
mejor condición de vida.
-¿Qué oculta ese "no se puede entrar", que además se repite en muchas zonas
calientes?
-Connivencia, resignación, complicidad de fuerzas de seguridad con sectores
delictivos. Pero sobre todo, resignación. Si hay voluntad, esta batalla se gana.
Y no es sólo el Estado, sino la sociedad exigiendo respuestas. Pero tiene que
haber mucha energía cívica para vencer esas resistencias.
-¿Lo sorprendió la derivación hacia la Policía Federal que tuvo el caso Blumberg,
cuando todos apuntaban a la Bonaerense?
-No. Sería obcecado suponer que, en problemas de probidad, una fuerza tiene el
monopolio. Hay ejemplos buenos, pero también terribles y graves en ambas
policías.
-Están renunciando varios comisarios, como Carlos Sablich y Miguel Colombo. ¿Les
preocupa que se pueda generalizar?
-Nosotros tenemos pensado hacer cambios importantes, que van a continuar
generando el apartamiento de sectores policiales cuestionados. En el caso de
esas dos personas, estaba decidido su alejamiento, como sucederá con otros que
no se conocen (alrededor de un centenar de la plana mayor) y que optaron por
retirarse antes.
-¿Creen que puede generar algún tipo de protesta dentro de la policía?
-No, al contrario. Necesitamos tener fuerzas policiales honestas y probas. Y
vemos en muchas de las situaciones un hilo negro entre el delito, la fuerza de
seguridad, la justicia y lo político. Es un Triángulo de las Bermudas.
-Es cierto que en cada caso aberrante, en los últimos tiempos, se ha comprobado
participación policial. Pero, en definitiva, es el poder político de cada
municipio el que maneja a la policía local.
-Bueno, por eso son tan importantes los foros de seguridad y las asambleas que
se generen en cada barrio, para que no esté solamente el poder omnímodo de un
dirigente, sino el contralor de la comunidad. Y ya estamos actuando: está el
caso del senador Román (Horacio, justicialista y presidente de la Comisión de
Seguridad del Senado bonaerense), que está siendo desaforado en la provincia de
Buenos Aires, acusado de haber digitado el nombramiento de jueces, fiscales y
comisarios durante mucho tiempo en la zona oeste. Estamos hablando de un sujeto
que tuvo la caradurez de recibir el petitorio del señor Blumberg en la Casa de
la Provincia de Buenos Aires durante la primera marcha. La inseguridad en la
Argentina surgió de un fuerte nivel de complicidad política, no nació de un
repollo.
-En ese sentido, ¿le preocupa que se meta la interna justicialista en la
discusión de las leyes de seguridad, y las trabe en el Congreso?
-Hemos tenido más de ocho horas de reuniones en el Congreso esta semana. Vamos a
ir todas las veces que haga falta y vamos a plantear que esta es una cuestión de
Estado, no de internas. No creemos que en esto alguien quiera sacar un rédito
menor o pequeño. Nadie puede pensar en traficar con la vida de la gente en este
tema.
-Pero estamos hablando de política. Y estas cosas suceden...
-Hasta ahora no tengo evidencias. Sería injusto hablar de trabas cuando aún no
hemos enviado las 18 leyes. Va a haber debate, seguro. Uno no puede enviar 18
leyes y que se voten sin decir nada.
-Le quiero hablar de otra interna: usted denunció al fiscal Jorge Sica, quien
investigó el caso Blumberg, y de inmediato el resto de los fiscales apoyó a su
colega.
-Creo que en la mayoría de los fiscales hubo una reacción corporativa. No
quieren ir a los barrios, por ejemplo, y es importante hacerles entender que van
a tener que rendir cuentas, que deberán ir a un sistema de reválidas de su
trabajo si cualquier vecino lo solicita y, sobre esa base, se decidirá si
continúa o no en su función. Frente a estos cambios, puede haber sectores que
defiendan esta especie de empleo de por vida. Pero son medidas sanas, que
concitan el apoyo de más del 80 por ciento de la gente.
-¿Qué opinión le merece el Caso García Belsunce, que se ha convertido en un
bochorno judicial?
-Es un caso típico de mala actuación. Hay que investigar claramente la actuación
de fiscales y jueces. Yo no era Ministro cuando comenzó todo, pero se generaron
situaciones irregulares en la recolección de pruebas, falta de profesionalismo
de la parte científica para trabajar en ese sentido. Es un caso revelador de
cómo se trabaja mal desde el punto de vista judicial.
Béliz, el domingo en el Ministerio de Justicia, tras una reunión con más de 30 familiares de las víctimas de la violencia. Les presentó el Plan Estratégico de Justicia y Seguridad.
