Hay estadísticas que asustan: se estima que en la provincia de Buenos Aires
hay 11.000 presos en libertad condicional. De acuerdo con los cálculos más
optimistas, 400 de ellos son violadores liberados antes de que concluyan sus
condenas que pululan por las calles de nuestro país. El caso de Héctor Nene
Sánchez conmovió a todos después de que asesinara a dos nenas en Avellaneda
mientras gozaba de una libertad condicional. "Un ángel negro me pedía un alma",
se limitó a decir ante la justicia. No fue el único. Diego Olivera casi logra
conseguir salidas transitorias apenas cuatro años después de haber violado a una
nena de 13, gracias a la resolución de dos jueces de la Sala I de la Cámara
Penal de San Isidro: Raúl Borrino y Celia Margarita Vázquez. "Fue una tentación
del Diablo", se atrevió a exclamar apenas fue detenido.
Frente a esta realidad, el Secretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios,
Pablo Lanusse, es categórico: "Hay que analizar el seguimiento que se hace de
los presos por delitos sexuales cuando recuperan su libertad y cuáles son las
libertades previas que se les conceden. Sería bueno saber cuál fue el trabajo
que hizo el área criminológica dentro de la cárcel, sean psicólogos,
psiquiatras, especialistas… Y si aconsejaron la salida anticipada. En el caso
puntual de Olivera, la determinación fue cuestionada por el Ministerio de
Justicia, los psicólogos desaconsejaron su salida. Lo concreto es que la
experiencia indica que aquellos que cometen delitos sexuales, vuelven a
repetirlos".
-La gente está preocupada porque siente que existe poco control y cualquier
violador puede volver a la calle y cometer otra aberración.
-Las salidas de los presos que cometieron delitos sexuales deben estar bien
fundamentadas. Tiene que existir un seguimiento posterior a la recuperación de
la libertad que permita contener o anticipar cualquier desviación. Algunos
jueces emiten fallos que se basan en opiniones personales y arbitrarias. Como
ocurrió con dos de los integrantes de la Cámara Penal de San Isidro. La
determinación que tomaron es absolutamente cuestionada. A veces, un mal fallo
judicial que no es sancionado provoca que creamos que la ley es mala. Entonces
nos convencemos de que todo se soluciona con cárcel y más cárcel.
-¿Por qué, si los informes psicológicos desaconsejaron las salidas transitorias
de Olivera, estos dos jueces le concedieron ese beneficio?
-En este caso, los jueces analizaron los informes pero los rebatieron. El doctor
Fernando Marotto los utilizó como elemento para votar en contra del beneficio
que se estaba discutiendo. Pero los otros magistrados desoyeron la información
por dos motivos: le quitaron certeza a la Psicología como ciencia, y dicen que
el Servicio Penitenciario de la Provincia está totalmente desacreditado.
Aseguran que no se van a basar en los informes que sus empleados produzcan.
-¿Reconoce que este sistema de liberación temprana de reclusos que cometieron
delitos sexuales tiene severas fallas?
-No podría dar una estadística de cuáles correspondían y cuáles no, porque la
situación fue puesta en evidencia por estos casos que salieron en los medios.
Debemos ser muy prudentes, quiero decir que cuando corresponde, hay que otorgar
estos beneficios. Porque todo condenado debe recuperar su libertad, nos guste o
no. Para eso estuvieron los jueces que impusieron una pena. Lo que sí tendría
que aprovechar el Servicio Penitenciario es el tiempo de detención de las
personas, no para tenerlas abandonadas en una celda, sino trabajando en un
taller en compañía de otros internos.
-¿Están trabajando para revertir esto?
-Desde que asumimos, hace nueve meses, estamos tratando de revertir esta cultura
de degradación que lleva décadas y que va a costar mucho revertir. El Presidente
dijo hoy, en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, que pretende
mejorar la calidad de todas las instituciones argentinas. Entre ellas están las
cárceles.
-¿Lograron poner en marcha algunos cambios?
-Estamos incorporando la mayor cantidad de profesionales para que los presos
reciban tratamiento. Ingresaron docentes, asistentes sociales, psicólogos,
psiquiatras, para alcanzar un buen trabajo con los detenidos. Estamos haciendo
algo que hasta ahora había quedado en el olvido. Es una atención individual por
delitos o por patologías. No podemos tratar de la misma forma a un homicida que
a un violador, un estafador o un ladrón. Aun en esos universos, hay distintos
por qué y debemos ser previsores para resolver cada conflicto.
-¿La ley no establece que los violadores deben recibir ayuda psicológica?
-La ley no lo impone como una obligación, aunque están previstos los gabinetes
psicológicos, pero volvemos a lo mismo: hay falta de profesionales y una cultura
que no está muy convencida del tratamiento. Desde esta gestión estamos tratando
de revertirlo.
-Si la ley no lo impone, ¿ustedes pueden imponer los tratamientos a los presos?
-Por supuesto, porque está dentro de las facultades que tenemos en la
administración de las cárceles.
-¿Qué porcentaje de los liberados no vuelve a cometer delitos?
-Por mi experiencia judicial le digo que la cifra no es buena.
-¿Por qué, si existen equipos interdisciplinarios de médicos, psicólogos y
docentes, los detenidos por delitos sexuales no reciben un tratamiento acorde?
-Por falta de decisión y de convencimiento, porque por mucho tiempo la materia
penitenciaria fue olvidada de la agenda política. Este Ministerio, a través del
doctor Gustavo Béliz, está permanentemente reclamando acciones referentes a
estas cuestiones. También hay carencia de profesionales. Está demostrado que
donde trabajan bien, la situación interna es distinta porque no hay tensión, hay
diálogo y mayor participación por convencimiento en los talleres.
-¿Por qué casi siempre los informes que emite el Servicio Penitenciario Federal
respecto a la conducta de los presos son favorables? ¿No le resulta sospechoso?
-Acá hay dos fenómenos que debemos evaluar. Uno es la calificación que hace el
Servicio trimestralmente, que hasta que nosotros llegamos era resuelto por
unanimidad y no sabíamos quiénes eran las personas que resolvían cada caso. Por
eso dispusimos que cada integrante que califica a un interno debe identificarse
y fundamentar los motivos. Reconozco que muchas veces los informes psicológicos
que hace el Servicio pueden tener el déficit de ausencia de un tratamiento
especial. Lo estamos poniendo en marcha. Para eso convocamos a profesionales
para que diseñen un programa para los delitos, en especial todo lo que tiene que
ver con violencia y delitos sexuales.
--En la jerga carcelaria se reconoce que los presos por delitos sexuales tienen
una rara habilidad para refugiarse en pabellones tranquilos para pasar
desapercibidos. Intentan de esa forma que no se cumpla la ley tumbera que
establece que aquel que violó debe ser violado.
-Se sabe que el condenado por delito sexual no es bien recibido por el resto de
la población penal. Esto se puede mejorar si logramos mejores condiciones de
alojamiento que permitan hacer una tarea que rehabilite al preso.
-¿Usted cree que no hay que modificar leyes en lo que se refiere a delitos
sexuales?
-Todo lo que refiere a violación y delitos sexuales fue recientemente modificado
por el Congreso en el capítulo de los delitos sobre la integridad sexual, que
creo que aclaró muchas cuestiones dudosas, abordó temas de pornografía infantil,
aggiornó bastante la ley, y estableció penas que son consideradas graves,
adecuadas y proporcionales a lo que se está juzgando.
-Hay un dato alarmante en el caso de Héctor Nene Sánchez -el doble asesino de
Avellaneda- que dice que en los últimos tiempos de su libertad dejó de
presentarse ante el Patronato de Liberados y ningún juez ni fiscal se preguntó
por qué no concurría.
-Si fue así, hubo una falla y debería corregirse. Porque el Estado no debe
olvidarse de una persona que está en libertad condicional.
-En países centrales se aplican tests como el de Hare, que permite determinar si
un violador puede llegar a reincidir. ¿Es posible aplicar esta metodología en la
Argentina?
-Hay experiencias internacionales que estamos tratando de aplicar que permiten
evaluar el comportamiento futuro. Lo que tiene que quedar claro en nuestro país
es que el tratamiento no se agota cuando la persona recupera su libertad. Por
arte de magia nadie se vuelve a portar bien, hay que trabajar mucho para eso.
Los dos magistrados de San Isidro que aceptaron concederle el beneficio de la libertad a un violador desoyeron los informes psicológicos", le confió Pablo Lanusse a GENTE.">
"Los dos magistrados de San Isidro que aceptaron concederle el beneficio de la libertad a un violador desoyeron los informes psicológicos", le confió Pablo Lanusse a GENTE.
Héctor Nene Sánchez confesó haber matado a Marela Martínez y que meses después violó y asesinó a otra chica, Mónica Vega. A ambas las enterró en su casa de Avellaneda. Gozaba de una libertad anticipada por el delito de violación, pero en los últimos tiempos dejó de presentarse ante el Patronato de Liberados. Ningún juez ni fiscal se preguntó por qué no concurría.
