"Se acaban de cumplir exactamente 21 días que mi hermana y mi sobrina se encuentran encerradas en un centro de aislamiento, hace 21 días que no podemos verla a ellas, hace 21 días que el estado esta cobrando por ellas pese a que tienen 4 hisopados negativos! DEJENLAS IR!!!", dice el tuit que escribió Salomé Villalba. Es una más de la larga serie de denuncias que recibió el gobierno de Formosa por el abuso de las cuarentenas obligatorias.
A los testimonios de los ciudadanos formoseños se suman las voces de organismos como Amnistía Internacional y el Club Político Argentino, entre otras, que acusaron a las medidas tomadas por el gobierno de Gildo Insfrán en el contexto de la pandemia de coronavirus de no respetar los derechos humanos.
Desde el Club Político Argentino criticaron la situación, recordando que la provincia cerró sus fronteras durante la pandemia, y enfatizaron que no se trata de un hecho aislado. "La plena vigencia de la democracia, la libertad y los derechos humanos en un país federal requiere que éstos sean respetados no sólo por el gobierno nacional, sino también por todos sus gobiernos provinciales y municipales", indicó la organización en un comunicado, que acusa que "la gravísima violación de los derechos y libertades de numerosos/as ciudadanos/as en Formosa saca a la luz la naturaleza autoritaria del régimen que el gobernador Gildo Insfrán encabeza hace un cuarto de siglo".
Por su parte, Amnistía Internacional enumeró algunos de los problemas detectados ante las medidas que el gobernador tomó con el objetivo de minimizar el impacto de la pandemia en Formosa:
- Se obligaría a permanecer en los centros de aislamiento a personas con COVID-19 positivo –con síntomas leves o asintomáticas– con personas que no tienen COVID-19 , exponiéndolas al contagio.
- En muchos casos, a las personas no se les brinda información de su situación de salud, o se lo hace de palabra, sin tener acceso a los resultados de sus tests COVID-19. Aparte se les harían varios hisopados sin consentimiento, resultando todo ello violatorio de su derecho a la información, al consentimiento informado, a la salud, entre otros.
- La duración de las cuarentenas en los centros de atención sanitaria (CAS) en algunos casos habría excedido los 14 días, llegando incluso a los 30 días. Además, las personas no tendrían suficiente acceso a información sobre el tiempo que permanecerán alojadas ni sobre los criterios científicos que se aplicarían en un momento dado para decidir su alta de la cuarentena o el aislamiento.
- Se obligaría a permanecer en los CAS a niñas, niños y adolescentes y, en algunos casos, sin el acompañamiento de sus padres o familiares.
- Las fuerzas de seguridad trasladarían compulsivamente a las personas a los CAS.
- Los CAS estarían custodiados las 24 hs. por personal policial mientras que el personal de salud sólo se presentaría una o dos veces al día.
- Los CAS, localizados en escuelas o estadios, no cumplirían con condiciones higiénicas y de salubridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la propagación del virus y respetar la dignidad de las personas, permaneciendo más de 200 personas en un estadio, sin intimidad, ventilación, espacios de recreación y compartiendo los sanitarios. En muchos casos, esos espacios resultan contraproducentes para evitar la generación del virus y exponen a las personas al contagio.
- Muchas personas serían obligadas a permanecer allí, sin brindar su consentimiento. Algunas han sufrido crisis, angustia y depresión y no han sido atendidas adecuadamente.
La misma organización hizo un relevamiento según el cual más de 3.000 personas están en centros de aislamiento de la provincia, que sólo registra en la actualidad 622 casos de coronavirus. La organización internacional alertó sobre el abuso de la cuarentena, una herramienta que según la Organización Mundial de la Salud debe extenderse por 14 días.
Según Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina, "los testimonios que recibió Amnistía Internacional muestran la vulneración de derechos a los que son expuestos los ciudadanos formoseños. El modo en que se viene implementando la cuarentena estricta bajo custodia de las autoridades de Formosa no lo observamos en ningún otro lugar del país. Las autoridades deben evitar recurrir a métodos coercitivos en la implementación de medidas de salud pública".
La pandemia no debe ser una excusa para que los Estados violen sus obligaciones en materia de derechos humanos
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En este contexto se llevó a cabo la visita del secretario de Justicia y Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien visitó la provincia a fin de fiscalizar la situación. Luego de evitar dialogar con la prensa local y en medio de su recorrida por los centros de aislamiento de Formosa, anunció que daría sus impresiones en una conferencia de prensa este jueves a la tarde.
"No hay centros clandestinos de detención en la provincia de Formosa. Decir eso sería un chiste. No se violan sistemáticamente los derechos humanos en Formosa y no hay delitos de lesa humanidad en la provincia de Formosa", sentenció Pietragalla luego de dos días de recorridos y reuniones.
Aclaró que hará un informe con recomendaciones para el gobernador Gildo Insfrán y comentó que hay "intencionalidad política" en las denuncias realizadas desde diversos sectores. Sin embargo, y ante los reiterados reclamos de los ciudadanos, llamó a no banalizar los derechos humanos. "No existe la especulación política en lo que refiere a derechos humanos. Hemos recorrido y recabado información de todas las personas a las que entrevistamos, pero quienes comenten o digan que hay centros clandestinos de detención en Formosa, lo quiero focalizar en una estrategia política muy lejos de una estrategia sanitaria", expresó.
Al respecto, detalló en su cuenta de Twitter que pudieron "constatar que se sucedieron una serie de hechos aislados que generaron el repudio de personas que vieron vulnerada su libertad, pero no podemos hablar de violaciones sistemáticas o centros clandestinos de detención".
Adelantó que firmará un convenio con el gobernador a fin de realizar una capacitación sobre derechos humanos desde la Secretaría que dirige. Insistió en que durante el recorrido "nadie se quejó del trato de las personas del lugar ni de la comida".
Y agregó que en el marco de la pandemia hubo "errores y aciertos en todo el territorio nacional". Puntualizó denuncias recibidas por ciudadanos de Chubut y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
"Hemos tenido denuncias de la provincia de Chubut y donde tuvimos que intervenir, hemos recibido denuncias de personas que estaban encerradas en aislamiento en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta llevaba gente desde los aeropuertos a hoteles, donde las personas llegaban y quedaban enecerradas", señaló Pietragalla desde Formosa. Según explicó, "las personas quedaban encerradas con crisis nerviosas y la secretaría de DDHH de la Nación trabajaba con la CABA para ayudar a las personas que estaban viviendo esa crisis".
