Con cierta cautela y sigilo, los agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analizan el patrimonio de cientos de contribuyentes, entre los que hay ricos y famosos que no declararon sus cuentas en el exterior. Mientras tanto, un pelotón de más de 300 sabuesos del organismo recaudador que comanda Carlos Castagneto recorre los principales centros turísticos del país en busca de evasores de impuestos.
“Ahora estamos comparando declaraciones juradas con cuentas de esos mismos contribuyentes en el exterior. Nos topamos con muchas sorpresas”, confió a GENTE un importante funcionario de la AFIP. Un glamuroso menú de mansiones en countries, vehículos de alta gama, yates de lujo y millonarias billeteras virtuales de evasores vips.
Sólo en el exclusivo club náutico San Isidro, los agentes detectaron 188 embarcaciones, entre yates, lanchas y veleros de gran porte, con diferentes irregularidades. Según la investigación, 163 naves se encontraban a nombre de particulares que no presentaron Bienes Personales y había 23 que ni siquiera figuraban en los registros de la AFIP.
En la exclusiva guardería náutica de San Fernando también se detectaron anomalías, como titulares que figuraban como monotributistas o eran considerados inconsistentes en los registros del organismo. Durante el procedimiento, los inspectores relevaron 330 yates de lujo, veleros y lanchas.
Entre los casos destacados se encontraron dos naves que estaban a nombre de contribuyentes que ante los ojos de los especialistas en delitos financieros se tratan de personas “no confiables” por carecer de capacidad económica. Había dueños de embarcaciones que ni tenían impuestos activos y 106 eran monotributistas.
Hay nombres y apellidos famosos, firmas de empresas de primer nivel, reconocidas cadenas gastronómicas, pero la AFIP maneja todo en el más absoluto de los hermetismos mientras acelera las demandas judiciales.
Rastreando evasores en el exterior
El organismo también detectó a 1.800 personas que no declararon sus activos en el exterior y eludieron los impuestos a los Bienes Personales y a las Ganancias. Se estima que la evasión alcanzaría los 4.919.001.432 pesos, lo que equivale unos 82.409.137 dólares para el período fiscal 2019 y otros 26.481.044 dólares correspondiente a 2020, teniendo en cuenta el cambio oficial de cada fecha.
“Ese es un número confirmado, pero hay muchas investigaciones más en curso. La evasión impositiva es mucho más grande en términos económicos”, observó a GENTE uno de los investigadores de la Dirección General de Aduanas (DGA) que comanda Guillermo Michel.
Las pesquisas se lograron gracias a los acuerdos que tiene Argentina con otras naciones en materia de evasión impositiva. Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras (CRS), así se llama el instrumento que permite acceder a reportes de administraciones tributarias internacionales sobre cuentas financieras en el exterior de sujetos residentes en el país.
“Las herramientas de la AFIP permitieron identificar inconsistencias entre los saldos de cuentas o tenencias financieras y los correspondientes intereses, dividendos y reembolsos recibidos en el exterior, respecto a las declaraciones juradas presentadas”, explicaron desde el organismo recaudador.
Ahora, los sabuesos entrenados en seguir las huellas del dinero cuentan con una nueva arma para combatir la evasión: la base de datos de la administración tributaria estadounidense (IRS), que permitirá a la AFIP tener acceso a información fiscal de argentinos en forma retroactiva hasta 2018.
La llave de acceso llegó gracias a un acuerdo con Estados Unidos que entró en vigor el pasado 1 de enero. Esa información sirve para establecer perfiles de riesgos que despierten sospechas de evasión. Bajo esa lupa están 68 contribuyentes.
Días antes de terminar 2022, la AFIP notificó a 4.674 personas jurídicas y 1.499 personas humanas que presentaron inconsistencias en sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias durante uno o más períodos fiscales entre 2018, 2019 y 2020. Un acumulado millonario para las arcas del Estado.
Las grandes compañías en la mira
Castagneto puso a sus agentes a investigar, especialmente, a las grandes firmas. Por ejemplo, la semana pasada quedó al descubierto la metodología que utilizaba una de las cadenas de kioscos más importantes del país para eludir el pago de impuestos y de contribuciones patronales.
La millonaria evasión fiscal y previsional fue detectada desde la Dirección General Impositiva (DGI), a cargo de Virginia García, tras la fiscalización de más de 100 locales de la firma ubicados en localidades turísticas. La conocida marca de drugstore está integrada por nueve sociedades con “serias inconsistencias en el cumplimiento de sus obligaciones”, con “integrantes sin capacidad económica y ocultamiento de sus verdaderos titulares”, advirtieron desde la sede de la AFIP, ubicada frente a Plaza de Mayo.
Todo indica que el grupo empresarial falseaba en sus declaraciones la duración de las jornadas de trabajo y de las remuneraciones los empleados. Los investigadores suponen que más de 200 de ellos se encontrarían en situación irregular.
El área de investigación especializada de la DGI también detectó otro caso de evasión millonaria en el que se encuentra envuelta una reconocida cadena gastronómica, frecuentado por público de alta capacidad contributiva, cuya subfacturación en las ventas ascendería al 36%. Durante el operativo, se detectaron diversas irregularidades como la falta de emisión de factura con su correspondiente registración de operaciones y la falta de talonario manual.
Tras la investigación, la firma habría reconocido una deuda de 14 millones de pesos como consecuencia de la evasión del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además, el contribuyente tuvo que rectificar sus últimas declaraciones juradas.
Desde que se inició el Operativo Verano 2023, la AFIP labró más de 140 actas de infracción en 170 comercios de diferentes puntos del país. De la campaña también participaron funcionarios de la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social. Los aduaneros aprovecharon para ocuparse del secuestro de artículos importados que no contaban con la documentación respaldatoria.
