Desde el 18 de octubre, cientos de miles de chilenos tomaron las calles para protestar por las injustas medidas económicas del gobierno de Sebastián Piñera. El aumento del metro generó revueltas y continuas manifestaciones, con una participación ciudadana transversal, respondidas con una fuerte represión policial que dejó un saldo de 19 muertos, 3.243 detenidos y 1.132 personas hospitalizadas. La palabra de activistas sociales, periodistas y víctimas de la violencia, la investigación de la violación de los derechos humanos iniciada por Amnistía Internacional y el análisis de política internacional a cargo de Pedro Brieger.
“Estas revueltas tienen que ver con las medidas económicas alentadas y casi dirigidas por el FMI. Tomemos en cuenta que en la región de América del Sur, en las últimas semanas han habido tres protestas muy importantes contra las políticas neoliberales y las medidas antipopulares. La primera fue el 11 de agosto en Argentina, que se canalizó en las urnas y tuvo salida electoral; la segunda en Ecuador, contra la quita del subsidio al combustible que generó el aumento del transporte público y fue una medida pedida por el Fondo; y la tercera ahora es la de Chile, la más inesperada y que también comienza con el alza de los precios. Son todos pedidos del FMI, resistidos por una amplia franja de la población. El caso de Bolivia es otro fenómeno: se sabía que la oposicion iba a denunciar fraude. Siempre que Evo Morales ganó se incitó a la población a salir a las calles para denunciar al gobierno e incluso tratar de derrocarlo”, explica Pedro Brieger, sociólogo y periodista especializado en política internacional.
“Desde la dictadura de Pinochet todo se privatizó en nuesto país; entonces el pobre es el más perjudicado porque el fondo de sueldo mínimo es de 300 mil pesos. Hoy día, un alquiler muy humilde, una pieza muy pequeña sale 250 mil pesos. Por lo tanto la gente no tiene con qué comer. Súmale que las pensiones también... Hay gente que está viviendo con 90 mil pesos chilenos, es una miseria. Profesores que han trabajado toda su vida se están jubilando con 200 mil pesos. Para vivir dignamente en Chile se necesitan 600 mil pesos por persona, sólo para lo justo. Piñera dijo que iban a subir el sueldo mínimo de 300 a 350 y la pensión un 20%, de aquí a marzo. Y eso es un chiste de muy mal gusto. Al día siguiente fue más gente a las marchas. El día de la manifestación salieron fotos de Piñera comiendo pizza en un restaurante muy lujoso. Eso enfureció a todo el pueblo. Para entender la profunda desigualdad que estamos viviendo hay que recordar que un funcionario cobra 9 millones de pesos”, señala Antonieta Andrade, ciudadana y activista chilena.
“Con Amnesty anunciamos la misión de investigación por violación a los derechos humanos, y lo hacemos con el mismo equipo de trabajo que usamos en Honduras, Venezuela y Ecuador. Ya nos documentamos con testimonios, evidencia de los abusos y hay decenas de querellas por homicidio, violencia sexual y otras torturas. Éste es un proceso con dos miradas: una es la crisis política a diez días de revueltas, pero lo que realmente tuvo gravedad es la crisis de los derechos humanos. Ayer recién se levantó el estado de excepción, pero seguimos viviendo una situación muy dramática. El gobierno ha minimizado todo lo que sucedió y recién el fin de semana pasado los medios comenzaron a visibilizar la gravedad de la represión. Nunca esperamos respuesta de Piñera a nuestra carta (donde lo exhortaban a que cese la represión contra quienes ejercen su legítimo derecho de manifestarse pacíficamente), pero sí acciones: tiene muchas deudas con la población. Ayer, el Colegio Médico de Chile desplegó nuevos datos estadísticos: 100 personas han perdido la visión de uno de sus ojos”, manifestó Roberto Morales, vocero de Amnesty Chile.
“En Chile vivimos días dramáticos y de mucha angustia. Y a todo lo que vivimos se le sumó la desinformación por parte de los medios de comunicación y de algunos organismos. Acá las redes sociales cumplieron un rol muy importante. La gente se sintió estafada por los periodistas que cubrieron las noticias por televisión. Durante los primeros días, los medios chequearon todo con las fuentes oficiales y gubernamentales, pero no se hicieron eco de lo que la gente contaba en la calle. Era imposible no darse cuenta de que las fuentes gubernamentales mentían. Autos incendiados por gente que estaba a 500 metros de la manifestación y te dabas cuenta que estaba armado y preparado, micros que se incendiaban y después se constataba que estaban fuera de línea; todas cosas muy raras. Con los días, los medios se dieron cuenta y cambiaron la forma de informar. Pero hay que decir que esto es algo inédito en Chile: jamás se había dado una manifestación así. Todo es nuevo y difícil de entender. Nos va a llevar un tiempo largo hacer un análisis de la situación”, dice Paula Olmedo, ex periodista de La Tercera de Chile y ex editora general de la revista Paula, de Chile.
“Estando al aire para nuestra cobertura, vieron que éramos prensa e igual nos dispararon, a mí –en el antebrazo– y a mi camarógrafo, Fede Gandolfi. La formación de los carabineros fue con dos camiones hidrantes y unos 20 efectivos detrás con escopetas 12/70 para las postas de bala de goma y lanzagranadas para las latas de gas lacrimógeno. Es tremendo cómo tiraban a cualquier lado mientras la gente les gritaba ‘¡asesinos, asesinos!’. Estas balas de goma, cuando le pegan a la gente que están en primera fila, producen un daño mayor”, relató Nacho Otero, periodista argentino enviado a Chile por TN.
“Lo que pasó en Chile fue una masacre. Una cacería que hizo el gobierno contra la gente que salió a las calles a protestar, cansada de tanta desigualdad. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, los números que quedaron por las protestas son escalofriantes. Desde el viernes 17 de octubre, en los hospitales ingresaron 1.092 personas heridas, de las cuales 37 ingresaron con balazos de plomo en el cuerpo, 272 por disparos de perdigones, 237 con heridas de armas de fuego no identificadas, 24 por balines y 126 con heridas oculares. En el Juzgado se registraron 88 acciones judiciales que estuvieron divididas en 8 amparos ante jueces de Garantías, 7 amparos constitucionales, 5 querellas por homicidio, 17 querellas por violencia sexual y 51 querellas por otras acciones. Hubo 3.193 personas detenidas: 549 mujeres, 2.177 hombres y 343 niños y adolescentes. Por todo esto digo que Piñera debe ser juzgado por violaciones a los DDHH. No me parece suficiente ni el término del toque de queda ni el cambio de gabinete. Los milicos siguen en las calles. Piñera y Chadwick tienen que responder ante la Justicia y aclarar dónde están las 20 personas presuntamente desaparecidas”, alerta Macarena García Lorca, periodista del diario digital El Mostrador y de The Clinic en Chile.
Fotos: Gentileza La Cuarta de Chile.
