Según trascendió este fin de semana, el fiscal que investiga el caso de Lucas González, el joven de 17 años que fue baleado por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Barracas, pidió este sábado que los tres agentes detenidos por el hecho continúen bajo prisión preventiva por el delito de “homicidio agravado por placer”.
La decisión afectaría al inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, todos integrantes de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la mencionada fuerza de seguridad, principales acusados de la causa.
Para ser exactos, el fiscal de instrucción 32, Leonel Gómez Barbella, le pidió al juez Martín Del Viso procesarlos como coautores de “homicidio cuádruplemente agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”.
Además, también los acusó de “tres hechos de tentativas de homicidio con idénticos agravantes”, por los amigos de la víctima que sobrevivieron al tiroteo, y en concurso real con “falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional”.
“Quien mata por ‘placer’, no es necesario que obre del modo como da idea la palabra impulso; puede actuar lenta y premeditadamente. Sólo es necesario que la acción sea inspirada por un placer antinatural en la destrucción de una vida humana como lo fue con la de Lucas y trató de serlo con sus amigos. No es indispensable que el placer sea el único factor que concurra para impulsar la acción”, explicó Gómez Barbella en cuanto a la causa en su resolución de 21 páginas a la que tuvo acceso la agencia Télam.
Pedido de prisión preventiva
Respecto al pedido de prisión preventiva, el fiscal argumentó que “tratándose de personal policial cuentan con muchos elementos a sus alcances para fugarse y facilidades para permanecer ocultos”, como así también tuvo en cuenta la “gravedad” de los hechos y la pena en expectativa.
Aunque los peritajes no pudieron esclarecer quién fue quien disparó el arma que terminó con la vida de Lucas, fuentes judiciales informaron que se espera que el pedido de la Fiscalía sea resuelto por el juez Del Viso este lunes.
Asimismo, en el dictamen de Gómez Barbella se considera que “la intervención policial ha estado marcada desde un inicio no sólo por la arbitrariedad sino también por una manifiesta ilegalidad, escogiendo el camino del delito para consumar una detención ilegal, matar a un joven e intentar matar a otros tres con sus armas reglamentarias, privarlos ilegítimamente de su libertad y falsear lo actuado en el hecho”.
“Los elementos aunados en el expediente me permiten, por el momento, afirmar que los imputados interceptaron al vehículo de las víctimas con el rodado marca Nissan Tiida, descendieron armados y, pese a la corta distancia y no habiendo recibido ningún tipo de agresión por parte de las víctimas, efectuaron una cantidad significativa de disparos contra las zonas vitales de éstas”, expresó el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Entre dichas pruebas se encuentran las declaraciones testimoniales de los tres sobrevivientes, quienes coincidieron en que “desconocían” que los agresores “fueran policías, pues jamás se dieron a identificar ni mostraron, no llevaban chalecos que los mostraban como tales, ni emitieron voz de ´alto policía´ ni emitieron sonidos de sirena policial”.
Por otra parte, Gómez Barbella afirmó que “el informe forense es además demostrativo del nivel de desmesura y desprecio por la vida por parte de los encausados”, y que “el proyectil que fue secuestrado detrás del respaldo del asiento de la víctima, y las otras improntas corroboradas en el automóvil, dan cuenta de la cantidad de disparos que fueron efectuados hacia los adolescentes con el fin de atentar contra su vida, logrando su finalidad respecto de Lucas”.
Y aseveró: “Estas intervenciones policiales terminaron en una ejecución de un chico de 17 años de edad y en otras ejecuciones tentadas contra sus restantes compañeros, intentando fraguar el procedimiento policial disfrazándolo de una 'persecución' originada en un mentiroso 'estado de sospecha' o por la investigación de una causa por estupefacientes”.
