Entrada la noche del 20 de diciembre pasado, luego de la renuncia de Fernando de la Rúa, el hasta entonces secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, partió presuroso hacia su despacho para embalar algunas pertenencia
s. En eso estaba, cuando a sus espaldas escuchó la voz de una colaboradora:
"Doctor, acaban de decir por radio que hay una orden judicial que le prohíbe salir del país…". El ex funcionario, sin mover un solo músculo del rostro, dijo:
"Bueno, no habrá más remedio que hacer turismo interno".
Se puede decir que en ese punto Mathov cumplió su promesa con creces; algunos días después se instaló en el
Club de Campo La Martona, situado a pocos kilómetros de Cañuelas, donde había arrendado una cómoda chacra para pasar todo el verano junto a su familia.
Allí se encontraba en la noche del último jueves, cuando un flash informativo de
Crónica TV le congeló la sangre: efectivos policiales lo habían ido a buscar a su domicilio de Santa Fe y Junín, luego de que la jueza María Romilda Servini de Cubría ordenara su captura. Mientras Mathov trataba de asimilar su flamante condición de prófugo, su abogado, Jorge Valerga Aráoz, se comunicaba telefónicamente con la jueza.
-¿Es verdad lo que andan diciendo los medios acerca del procedimiento en el domicilio de mi cliente?
-Sí, doctor -respondió la magistrada.
-En fin… si es así, mañana temprano se lo llevo personalmente -replicó el letrado, antes de cortar.
El viernes, Mathov y Valerga Aráoz se encontraron a mitad de camino entre Cañuelas y la Capital. Por una cuestión de cábala, el ex funcionario se había puesto el mismo traje a cuadros que solía lucir en las reuniones informales de su partido. Por lo demás, su expresión era sombría y, al ascender al vehículo de Valerga Aráoz, sólo dijo: "¡Que barbaridad! Esto es un
absurdo…".
Exactamente a las 10:15 el auto gris que llevaba al ex secretario de Seguridad traspasó el umbral de los tribunales federales de Retiro. El fugaz acoso de los cronistas no desdibujó su gesto inmutable. Estaba sólo a unos metros de quedar detenido.
CADENA DE MANDO. Tal vez Mathov haya olfateado su destino mucho antes de sentarse frente a la jueza Servini de Cubría. No obstante, según un empleado del juzgado, sus respuestas fueron
"obsesivamente detalladas, además de cuidar con celo cómo eran volcadas en el
acta". El ex funcionario, que ya había hecho su descargo hace casi un mes, amplió en esta ocasión su declaración indagatoria, siendo también interrogado sobre las detenciones practicadas durante y después de la represión del 20 de diciembre.
El clima que reinaba aquel día en Plaza de Mayo era como un volcán en erupción. Resultaba imperioso entonces que la policía garantizara el orden. Pero en la Casa Rosada, Mathov recibió al comisario Santos para declamar una orden desproporcionada: "¡Despejen la plaza a cualquier
precio!". Y el jefe policial retransmitió esa directiva con las siguientes palabras: "¡Quiero no menos de 50
detenidos!". Cosas del lenguaje; ambas frases bastaron para desatar un infierno. Primero fueron cargas de caballería y latigazos sobre ciudadanos congregados en forma pacífica; luego hubo balas de goma y gases lacrimógenos. Entonces se efectuaron 200 detenciones. Pero aún faltaba lo peor. Alrededor de las 15:30 las armas policiales comenzaron a gatillar disparos de plomo. En el lapso exacto de una hora, esa ofensiva provocó las cinco muertes que ahora se investigan.
El viernes pasado, poco antes de que la jueza resolviera su detención, Mathov insistía con la misma línea argumental que ya había esgrimido en su primera declaración:
"Es la autoridad política la que manifiesta los lineamientos de la acción, mientras que la policía es la que decide cómo implementar ese
objetivo".
-En términos precisos, ¿cuáles fueron esos lineamientos? -insistió la jueza.
-Mire, yo le di al comisario Santos la orden de cubrir cinco objetivos. Había que impedir que tomaran la Casa de Gobierno y el Congreso. Y también otros tres sitios que considerábamos estratégicos. Nuestro propósito era preservar el orden político para evitar cualquier tipo de agresiones. De todos modos, fue Santos el encargado de la ejecución.
-¿Y las detenciones?
-Todas ellas se hicieron bajo el amparo del estado de sitio.
En medio de su infortunio, Ma-thov sintió una bocanada de alivio cuando supo que no se lo imputaría por los cinco homicidios, sino por
"abuso de autoridad" y "privación ilegal de la libertad" en 200 casos. Dos delitos excarcelables, aunque el ex funcionario deberá seguir detenido, ya que la magistrada teme que, estando en libertad, pueda intentar eludir la acción de la justicia.
El caso de Santos no es menos complejo. En su situación tampoco son ajenos los ramalazos de una interna policial. Y la excarcelación del jefe de
Operaciones Metropolitanas, comisario Norberto Gaudiero, su acusador, fue tomada como una victoria de los sectores adversos a Santos. Pero en la decisión de mantener a éste detenido habría pesado el dictamen de los peritos psiquiátricos, quienes determinaron que el ex titular de la Federal posee
"una personalidad inmadura, inestable, con elementos esquizoides". Tales detalles, sumados a su responsabilidad directa en la represión y la gravedad que ese hecho generó, sellaron su suerte. Aunque no la de la Federal como institución. Voceros de la actual plana mayor aseguraron que, en caso de otro estallido social, no se quedarán de brazos cruzados, pero sin violar el estado de derecho.
ANIMAL POLITICO. Dicen en el Escuadrón Buenos Aires, de Gendarmería, que aquella celda ubicada en la planta baja estaba preparada para Mathov desde hace varios días. Es la misma que había alojado al ex ministro menemista Erman González. Se trata de un ambiente de dos metros por tres, con ventana y puerta enrejadas, cuyo mobiliario se reduce a una cama, una silla y una pequeña mesa.
Dicen que el ex funcionario ingresó a su nuevo hábitat con la actitud de quien calibra las comodidades de un cuarto de hotel; sin pronunciar palabra alguna, se encaminó hacia la cama para sopesar con la palma de una mano la laxitud del colchón. Y que sólo expresó un deseo: una mesa más amplia para poder leer y escribir. Luego se despidió del abogado Valerga Aráoz, ante la atenta mirada de su nuevo vecino: el ex juez Hernán Bernasconi. También observaron la escena Diego Barreda y Mario Bareiro, los dos policías bonaerenses imputados en la causa AMIA, quienes no se escaparon del Departamento Central en aquella famosa fuga que protagonizó
El Tractorcito Cabrera, cuando justamente Ma-thov estaba a cargo de la seguridad del país. El ex funcionario apenas reparó en ellos, antes de que un guardia diera una vuelta de llave al cerrojo de su puerta.
Posiblemente entonces Mathov haya quedado aprisionado en una celda aún más inexpugnable, que es la de su memoria. Tal vez en ese instante recalara en la ya remota década de los sesenta, cuando organizó con otros estudiantes secundarios el grupo Reacción Antinazi. También es probable que hiciera escala en sus días universitarios, cuando se produjo La noche de los bastones largos, aquella violenta irrupción de la Guardia de Infantería en la UBA, ordenada por Juan Carlos Onganía. Seguramente en esos días no imaginaba que precisamente él sería señalado como el responsable político de una represión mucho más sangrienta. Pero la vida está cargada de contradicciones.
En tanto, a las pocas horas de su arresto, los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers apelaron la resolución de la jueza, ya que consideran que Mathov sería "autor por omisión impropia" de los hechos que derivaron en los cinco homicidios de aquel jueves negro. Lo cierto es que la jueza sigue el proceso desde los responsables directos -los policías que dispararon- hacia los responsables ideológicos, es decir, quienes dieron la orden. Ese camino podría llegar hasta Fernando de la Rúa. Y esa es sin duda la clave del expediente. Porque aún no se sabe si la detención de Mathov es el inicio o el fin de una cadena de directivas que provocó la jornada más letal desde el regreso de la democracia.
El cuerpo acribillado de Diego Lamagna, uno de los manifestantes asesinados.
Mathov, el viernes 1º de marzo, se entrega en Tribunales junto a su defensor.
